El grupo del Partido Popular en Juntas Generales de Vizcaya ha presentado una Proposición No de Norma en la que solicita la puesta en marcha de un Plan Foral contra la Okupación. 

En los últimos años, las ocupaciones ilegales se han extendido a lo largo de los municipios de Vizcaya, dando lugar a situaciones dramáticas tanto para los propietarios de las viviendas, como para la convivencia ciudadana (Santurtzi, Portugalete, Bilbao, Erandio, Zamudio, Getxo, Amorebieta, Trapagaran, Abanto, Etxebarri, Barakaldo, entre otros). Ante esta situación han sido más que notables las reacciones y movilizaciones sociales que han tenido lugar ante la inactividad de las administraciones. 

“Lamentablemente, en Vizcaya no hemos sido ajenos al fenómeno de la ocupación ilegal. Circunstancia que ha generado y genera una lógica y consecuente alama social, que exige a las administraciones públicas adoptar todas las medidas posibles para evitar estas situaciones”, ha declarado la portavoz popular en JJGG, Raquel González. 

Ante este escenario, desde el Grupo Juntero Popular entienden que es necesario que la Diputación Foral de Bizkaia acoja esta demanda social adoptando medidas activas y contundentes dirigidas a lograr una protección efectiva de los propietarios además de proteger la convivencia vecinal. 

Según las estadísticas del Ministerio del Interior, desde enero hasta agosto de 2023 en Euskadi se registraron 186 casos frente a los 170 que del mismo periodo del año anterior. Este auge de la ocupación ilegal ha dado lugar a situaciones muy injustas, ante la clara pasividad de las administraciones públicas. 

“Es por ello que consideramos necesaria la puesta en marcha de un Plan Foral contra la Okupación, que contemple medidas efectivas para hacer frente a este fenómeno. Este plan implicaría la puesta en marcha de una Mesa de Trabajo dirigida a una actuación coordinada entre la Diputación Foral de Bizkaia, Ertzaintza, administraciones locales y policías municipales, la creación de una unidad especializada de la Ertzaintza y policías locales en materia de okupación y un protocolo dirigido al desalojo de okupaciones en el plazo de 24 horas”, ha afirmado González. 

Por otro lado, los populares consideran necesario establecer un proyecto de reforma de la normativa fiscal a fin de compensar a los afectados por okupaciones ilegales las cantidades abonadas por el Impuesto de Bienes Inmuebles u otros tributos durante el periodo que dura a ocupación. 

Por último, el grupo popular pide además poner en marcha una campaña informativa dirigida a los vecinos de zonas especialmente afectadas por la okupación, impulsar un servicio de asistencia jurídica gratuita y a nivel municipal solicita a las administraciones locales declarar la nulidad de las inscripciones padronales de cualquier ocupante ilegal.