Tras la celebración esta mañana en Getxo de la Comisión Territorial en la que se ha tratado el caso del derribo del palacete de “Irurak Bat”, el Partido Popular ha señalado que sigue habiendo muchas dudas sobre el proyecto y denuncia la falta de explicaciones claras y responsabilidades por parte del equipo de gobierno. A pesar de las preguntas planteadas, los populares consideran que las respuestas ofrecidas no han sido suficientes para esclarecer las irregularidades en la obtención de la licencia y el desarrollo de las obras.
La primera critica del Partido Popular ha ido dirigida a la decisión del equipo de Gobierno de rechazar la comisión en el Pleno, donde habría mayor espacio para que vecinos y personas interesadas pudieran asistir y conocer los detalles del caso. En su lugar, la reunión se ha realizado en una sala pequeña, limitando el acceso al público y evitando que la discusión fuera abierta. Además, el portavoz del Partido Popular de Getxo, Eduardo Andrade, ha denunciado que la poca información que se facilita sobre el proyecto se hace a puerta cerrada en despachos, en lugar de ofrecerse de forma pública y transparente.
Según ha recordado Andrade, en el año 2022, una empresa constructora de reconocido prestigio, en colaboración con el estudio de arquitectura Foraster, inició los trabajos para llevar a cabo una obra en el edificio conocido como “Irurak Bat”. Sin embargo, tras realizar un análisis exhaustivo, la constructora rechazó el proyecto por considerarlo inviable económicamente, optando por no continuar con la obra.
Poco después, el proyecto fue adquirido por la empresa Biurban. En una fecha no aclarada del 2022, pero no anterior a junio del mismo año, fecha en la que se otorgó el visado por el Colegio de Arquitectos, Biurban presentó el proyecto al Ayuntamiento de Getxo. Sorprendentemente, el 18 de octubre de 2022, solo cuatro meses después, la empresa consiguió la licencia de construcción, un tiempo extraordinariamente corto, ya que el promedio para la obtención de licencias en el municipio es de dos años.
“Es extraño que esta empresa haya obtenido una licencia en solo cuatro meses, cuando este Ayuntamiento se caracteriza precisamente por el retraso en la concesión de licencias, que normalmente tardan hasta dos años. Este hecho no hace más que generar sospechas sobre posibles tratos de favor y una falta de transparencia en el proceso”, ha declarado Andrade.
Además, según puntualiza el portavoz popular, la coincidencia de fechas suscita dudas adicionales. El mismo 18 de octubre de 2022, día en que se publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia la suspensión de licencias de construcción en Getxo por la aprobación inicial del PGOU, Biurban consiguió que la Junta de Gobierno Local aprobara su licencia. Cabe destacar que entre los miembros de la Junta se encontraba una concejala que también formaba parte de la cooperativa encargada de la construcción del inmueble. Si bien se desconoce si había formalizado su inscripción como cooperativista, esta conexión levanta suspicacias sobre posibles conflictos de interés.
“Es importante destacar que, en el proceso de solicitud de la licencia, a Biurban le faltaban diez documentos esenciales y se le hicieron 27 correcciones. A pesar de ello, se le permitió continuar con el proyecto, algo que, según vecinos de la zona, habría sido motivo de rechazo en otros casos similares. Tampoco está claro si la empresa solicitó la comprobación de replanteo ni si presentó la documentación requerida antes de iniciar las obras”, ha aclarado Andrade.
En enero o febrero de 2024, Biurban comenzó las obras de demolición y limpieza del terreno, aparentemente sin notificar al Ayuntamiento, que no tomó ninguna medida durante los siguientes ocho meses. Es decir, tanto el Ayuntamiento como los socios de la cooperativa – incluidos dos concejales del equipo de Gobierno que formaban parte de ella – desconocían, o preferían no conocer, que las obras ya habían comenzado.
“Solo en agosto, cuando la empresa solicitó la demolición de las fachadas protegidas, el Ayuntamiento actuó. No obstante, para ese momento, la constructora ya había derribado voluntariamente las fachadas. Este hecho ha generado indignación entre los vecinos, que cuestiona cómo es posible que una constructora haya podido actuar con tal impunidad, llevando a cabo una obra sin los permisos necesarios y derribando un edificio protegido. Las preguntas se acumulan: ¿por qué no intervino el Ayuntamiento antes? ¿Avisó el promotor a sus socios, entre los que se encuentran concejales, sobre la demolición de las fachadas protegidas? ¿Hay más implicados en esta situación?
Los populares han denunciado además que la propuesta del Ayuntamiento sea imponer una multa que muchos consideran irrisoria en comparación con la gravedad de los hechos. “La ciudadanía se pregunta por qué no se acude a la vía judicial para perseguir responsabilidades penales y aclarar todas las dudas pendientes. Queda mucho por responder y por investigar en este caso que ha generado gran controversia en Getxo. Es necesario aclarar todas las irregularidades y asumir responsabilidades ante las posibles infracciones cometidas en el marco de este proyecto”, ha concluido afirmando el portavoz popular.