González presenta en Portugalete la campaña del Partido Popular contra la ocupación ilegal de viviendas

González presenta en Portugalete la campaña del Partido Popular contra la ocupación ilegal de viviendas

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha presentado esta mañana la campaña puesta en marcha por el Partido Popular en todo el territorio nacional en busca de la aprobación de una Ley “anti okupas”.

La presidenta provincial, se ha acercado esta mañana hasta Repélega, en Portugalete, a presentar esta campaña ya que se trata de uno de los barrios que recientemente ha sufrido la okupacion de viviendas.

Según ha recordado González, la ocupación ilegal es un problema creciente que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

La ocupación ilegal de viviendas es un problema real y muy grave, por lo que no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo la indefensión en la que están los propietarios de los inmuebles. Lamentablemente Portugalete conoce bien de cerca este problema ya que sufrió una okupación en este mismo barrio y dado el vacío legal existente, tan solo la presión vecinal logró el desalojo de los okupas de esas dos viviendas. De ahí, nuestra insistencia en la necesidad de poner en marcha medidas integrales que puedan frenar esta ocupación ilegal”, ha asegurado González.

Salvaguardar los derechos y defender la propiedad privada son parte de los objetivos que desde el Partido Popular pretenden conseguir con el Plan Antiokupación que ya han presentado en el Congreso y que quieren que sea refrendado desde las instituciones locales a través de las mociones, como es el caso de Portugalete.

El Plan de los populares busca conseguir desalojar a los okupas en 12 horas, que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años y la incitación a la okupación, con penas de cárcel de 3 meses a 1 año. De igual manera, insta a que no se permita que los okupas puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente y defender así la convivencia y la seguridad entre vecinos.

Moción anti okupacion

Por su parte el Partido Popular de Portugalete ha anunciado que ha presentado dicha moción, para su debate en el próximo Pleno. En ella se insta al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.

“Se trata de una moción que el Partido Popular presentará en numerosos municipios de España como parte del Plan anti ocupación que desde el PP nacional pretenden poner en marcha. Desde el Ayuntamiento, queremos que se comprometan con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra la ocupación ilegal” ha afirmado Navarro.

El portavoz popular ha aclarado además que este compromiso contra la okupacion es absolutamente compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda.

Recogida de firmas

De forma paralela, los populares de Portugalete participarán activamente en la campaña nacional con la recogida de firmas contra la ocupación ilegal de viviendas tanto en su sede como en las carpas que ubicarán en diferentes puntos del municipio.

“Buscamos el apoyo de la ciudadanía para sacar adelante este Plan y dar facilidad a las comunidades de propietarios y a los propietarios mismos para que puedan adoptar medidas legales ante comportamientos violentos de los okupas y actuar directamente ante los tribunales. No queremos que se repitan situaciones como la que hemos tenido que sufrir aquí en Repelega. Los propietarios no pueden sentirse tan desamparados y abandonados ante un problema tan grave”, ha afirmado el portavoz popular de Portugalete.

De esta manera, Portugalete se suma al listado de municipios vizcaínos que se han unido ya a la campaña nacional, como son por ejemplo Bilbao, Getxo y Ermua, con el objetivo de proteger y garantizar de manera contundente la propiedad privada y que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal.

 

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